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Leis no mundo

Espanha 32

38890 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264

I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

20253 LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General

de Telecomunicaciones.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones,

instauró un régimen plenamente liberalizado

en la prestación de servicios y el establecimiento

y explotación de redes de telecomunicaciones, abriendo

el sector a la libre competencia entre operadores. El

marco normativo establecido por ella ha demostrado una

eficacia que ha permitido que en nuestro país haya surgido

una multiplicidad de operadores para los distintos

servicios, redundando en una mayor capacidad de elección

por los usuarios, y la aparición de un importante

sector de las telecomunicaciones, lo que, a su vez, ha

proporcionado las infraestructuras y condiciones idóneas

para fomentar el desarrollo de la sociedad de la información,

mediante su convergencia con el sector audiovisual

y el de los servicios telemáticos, en torno a la

implantación de internet.

Consciente de los importantes logros obtenidos, la

Unión Europea ha dirigido sus esfuerzos a consolidar

el marco armonizado de libre competencia en las telecomunicaciones

alcanzado en sus Estados miembros.

Este esfuerzo ha desembocado en la aprobación de un

nuevo marco regulador de las comunicaciones electrónicas,

compuesto por diversas disposiciones comunitarias.

Se trata de la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa

a un marco regulador común de las redes y los servicios

de comunicaciones electrónicas; la Directiva

2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de

redes y servicios de comunicaciones electrónicas; la

Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio

universal y los derechos de los usuarios en relación con

las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas;

la Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso

a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos

asociados, y a su interconexión; la Directiva

2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los

datos personales y a la protección de la intimidad en

el sector de las comunicaciones electrónicas; la Directiva

2002/77/CE, de la Comisión, de 16 de septiembre de

2002, relativa a la competencia en los mercados de

redes y servicios de comunicaciones electrónicas; y, finalmente,

la Decisión n.o 676/2002/CE, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre

un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico

en la Comunidad Europea. Mediante esta ley

se trasponen las citadas directivas. Cabe señalar que

la Directiva 2002/58/CE se traspone en la medida en

que afecta a las redes y servicios de comunicaciones

electrónicas.

La nueva regulación comunitaria supone una profundización

en los principios ya consagrados en la normativa

anterior, basados en un régimen de libre competencia,

la introducción de mecanismos correctores que garanticen

la aparición y viabilidad de operadores distintos

a los titulares del antiguo monopolio, la protección de

los derechos de los usuarios, la mínima intervención de

la Administración en el sector, el respeto de la autonomía

de las partes en las relaciones entre operadores y la

supervisión administrativa de los aspectos relacionados

con el servicio público, el dominio público y la defensa

de la competencia.

Esta ley, junto con su necesario desarrollo reglamentario,

incorpora al ordenamiento jurídico español el contenido

de la normativa comunitaria citada, respetando

plenamente los principios recogidos en ella, aunque

adaptándolo a las peculiaridades propias del derecho

y la situación económica y social de nuestro país. Esto

último, además, propiciado por el instrumento jurídico

formal en que se plasma la regulación comunitaria, esto

es, la directiva, que permite que los Estados miembros

elijan la vía idónea para incorporar a cada país la regulación

armonizada.

Ha sido un criterio inspirador de este texto legal una

simplificación de la regulación contenida en él. De este

modo, se pretende la existencia de una norma legal que

garantice los principios básicos ya expuestos, pero que,

a la vez, aporte la necesaria flexibilidad para un texto

con vocación de permanencia.

II

Es preciso destacar los siguientes aspectos de la nueva

regulación.

En primer lugar, se dirige a regular exclusivamente

el sector de las telecomunicaciones, en ejercicio de la

competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo

149.1.21.a de la Constitución. La ley excluye expresamente

de su regulación los contenidos difundidos a través

de medios audiovisuales, que constituyen parte del