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01/11/2019 às 10:56
Escrito por: Redação
Pronunciamento conjunto de centenas de organizações latino-americanas e internacionais sediadas na região, entre as quais o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), exige imediato cessamento da repressão aos protestos sociais no Equador e no Chile pelos governos de Lenín Moreno e Sebastián Piñera. As entidades também clamam uma "clara posição" da OEA e da ONU contra as medidas de exceção e de suspensão de direitos em curso nos dois países.
O pronunciamento também expressa "preocupação com as declarações de outros líderes da região em relação ao possível uso de tais medidas em resposta a conflitos políticos e sociais, que acabam corroendo a legitimidade de processos democráticos e projetos populares", numa referência às declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre uma reedição do Ato Institucional nº 5 em caso de “radicalização da esquerda” no Brasil (fartamente rechaçada pela sociedade).
"Os estados de exceção, toque de recolher e militarização são respostas autoritárias que prevêem a suspensão de direitos e causam graves violações. Elas não resolvem conflitos sociais e colocam em risco décadas de construção democrática, que procuravam banir apenas essas práticas", afirmam as entidades. Motivamos pela negociação de medidas entre o governo e o FMI sem nenhum mecanismo de participação ou consulta à população, os protestos no Equador tiveram como resposta de Lenín Moreno a mudança do governo de Quito para Guayaquil e a suspensão dos direitos de liberdade de associação e de reunião. O governo tem criminalizado e prendido líderes políticos e sociais acusando-os de rebelião e insurreição.
No Chile, os protestos foram inicialmente motivados pelo aumento das tarifas do metrô. A resposta do governo de Sebastián Piñeira foi a mesma de Moreno: decretou estado de emergência e toque de recolher em várias regiões e localidades, incluindo a capital. Desde então, denúncias de tortura e violência sexual durante a detenção de manifestantes têm vindo à tona. Até o dia 27 de outubro, o Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI) havia confirmado 19 assassinatos por policiais e militares. De acordo com a entidade, houve 3193 detenções, inclusive de adolescentes, mais de mil foram lesões registradas, e 570 pessoas feridas por diferentes tipos de armas.
Confira nota na íntegra abaixo (acesse também o documento em pdf)
No se protege a la democracia cuando se la suspende de hecho
Los estados de excepción, toques de queda y militarización son respuestas autoritarias que disponen la suspensión de derechos y ocasionan graves violaciones. No resuelven los conflictos sociales y ponen en riesgo décadas de construcción democrática, que buscaron desterrar justamente aquellas prácticas.
América Latina es la región más desigual del mundo, en la que las mayorías sufren de forma desproporcionada los costos de políticas que restringen el acceso a derechos y benefician a los mercados a corto, mediano o largo plazo. En estos momentos, en algunos países de la región aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado. Además de la gravísima declaración de estados de emergencia en Ecuador y Chile, la figura sobrevuela también en otros países ante situaciones diversas.
En Ecuador, las protestas escalaron luego de que el gobierno negociara con el FMI medidas que no tuvieron ningún mecanismo de participación o consulta ciudadana, como la quita del subsidio a los combustibles, que implicaron la suba del costo de vida y el consecuente descontento social. El 4 de octubre, el presidente Lenín Moreno trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil y anunció un estado de excepción en todo el territorio por sesenta días. Con el decreto movilizó a las Fuerzas Armadas, suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión y limitó la libertad de tránsito las 24 horas. Las protestas siguieron durante otros diez días y la represión policial y militar dejó al menos ocho muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. El nivel de conflicto cedió –por la facilitación de Naciones Unidas y de la conferencia episcopal– cuando el presidente Moreno dejó sin efecto la quita de los subsidios el pasado 13 de octubre. El 14 de octubre se levantó el estado de excepción y toque de queda, pero en los días siguientes avanzó la criminalización de dirigentes políticos y sociales con acusaciones judiciales de rebelión e insurrección, y órdenes de detención.
El 18 de octubre, el conflicto social hizo eclosión en Chile. Este país cuenta con una de las tasas más elevadas de desigualdad de la región, marcos constitucionales heredados de la dictadura militar y un índice de alrededor del 60% de abstención electoral, el más alto de América Latina. Las protestas se iniciaron contra el aumento de las tarifas del metro, lo que resonó en la acumulación de demandas sociales de amplios sectores, con masivas manifestaciones, quemas y saqueos en todo el país. Tal como en Ecuador, la respuesta del presidente Sebastián Piñera fue decretar el estado de emergencia y el toque de queda en numerosas regiones y localidades, incluida la capital. Como consecuencia, circulan tanques por la ciudad, las fuerzas armadas salieron a las calles con la atribución de realizar detenciones, en un marco de restricción de los derechos fundamentales. En este contexto de militarización se registran denuncias graves de tortura y violencia sexual en las detenciones. Al 27 de octubre, está confirmada la muerte de 19 personas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asume que al menos 5 fueron causadas por carabineros y militares. Las cifras del INDH, en constante actualización, indican que hubo 3193 detenciones – 343 son niñas, niños y adolescentes– y que, entre los más de 1000 heridos registrados, al menos 570 recibieron disparos de diferentes tipos de arma.
Los estándares internacionales de derechos humanos determinan que hechos de violencia en el marco de una protesta jamás pueden invocarse para caracterizarla como violenta en su totalidad. Los contextos de protestas extendidas en general suponen situaciones de conflictividad y tensión. Se etiquetan ampliamente estas situaciones como “no pacíficas” para negar los derechos que protegen a la protesta social y a los manifestantes. La mirada totalizante sobre la protesta como violenta no debe desdibujar sus reclamos de fondo: las inequidades y carencias sociales crecientes en una región que hace décadas se esfuerza por consolidar sus democracias.
Al contrario, la fortaleza de las democracias se despliega en su posibilidad de articular y canalizar políticamente el conflicto. Asumir respuestas de excepción y suspensión de derechos para responder a la conflictividad social amenaza al Estado de derecho.
Como organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de América Latina:
Solicitamos el cese inmediato de los estados de excepción y emergencia y los toques de queda en Ecuador y Chile y el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
Reiteramos la obligación de los Estados de investigar las muertes y otras violaciones de derechos humanos de manera pronta, efectiva e imparcial, y de no criminalizar la protesta social.
Llamamos a la OEA y a la ONU y a sus mecanismos de protección de derechos humanos a tomar una clara posición sobre la habilitación de medidas de excepción y suspensión de derechos.
Manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones de otros líderes de la región respecto del posible uso de este tipo de medidas como respuesta a conflictos políticos y sociales, que terminan erosionando la legitimidad de los procesos democráticos y de los proyectos populares.
Argentina
Brasil
70. Associação Brasileira de ONGs (Abong)
71. Associação Brasileira de Saude Mental – ABRASME
72. Artigo 19
73. Brigadas Populares
74. Central de Cooperativas Unisol Brasil
75. Coletivo A Revolta da Lâmpada
76. Coletivo de Juventude Juntos
77. Coletivo Somos Natureza
78. Conectas Direitos Humanos
79. FIAN Brasil
80. Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)
81. Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD)
82. Instituto Vladimir Herzog
83. Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
84. Justiça Global
85. Movimento Bancada Ativista
86. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH)
87. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
88. Muitas pela Cidade que Queremos – Belo Horizonte
89. Rede Emancipa de Educação Popular
90. Resistencia Antifascista Joseense, São José dos Campos, SPChile91. Observatorio Ciudadano
92. Clínica de Migrantes y Refugiados – UDP
93. Corporación Humanas
94. Movimiento Acción MigranteColombia95. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR
96. Elementa DDHH
97. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
98. Movimiento de Mujeres por la Paz
Ecuador
99. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
100. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
101. Corporación Humanas EcuadorEl Salvador
102. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD Guatemala
103. Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG).
Honduras
104. Comité de Familiares Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH
105. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras
México
106. CAFAMI A.C.
107. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
108. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
109. Elementa DDHH
110. FIAN México
111. Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (de México)
112. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
Paraguay
113. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (TEDIC)
114. Iniciativa Amotocodie
Perú
115. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
116. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
117. Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH
118. Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos – EQUIDAD
119. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
120. Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
121. Paz y Esperanza
Uruguay
122. Asociación Civil El Abrojo
123. Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay – CDNU
Regionales e internacionales
124. Articulación Feminista MARCOSUR
125. Asociación Rumiñahui (Madrid, España)
126. Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
127. Bloque Latinoamericano sobre Migración
128. Comité de América Latina y el Cribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
129. Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y El Caribe (CONTLAC)
130. FIAN Internacional
131. Greenpeace (Oficina Andina)
132. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA
133. Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era – DAWN
134. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
135. Red de Género y Comercio
136. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
137. Robert F. Kennedy Human Rights
138. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
139. Tatu Latinoamericana
140. WOLA (Washington Office on Latin America)
